En 1981 el sistema de pensiones en Chile pasó desde una modalidad de reparto –fondo común al cual entran los aportes de los cotizantes para financiar pensiones de los jubilados– a un sistema de capitalización individual en donde cada afiliado mantiene su propia cuenta de ahorro para financiar su pensión futura.

Si antes el Estado jugaba un rol fundamental en la administración del sistema, con esta reforma se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para administrar los ahorros del sistema.

Luego de casi dos décadas de funcionamiento, la “Comisión Marcel” –nombrada por la Presidenta Bachelet el 2008- identificó una serie de falencias del sistema, particularmente los bajos montos de las pensiones para los grupos de menores ingresos.

Por ello, al pilar de cotización obligatoria y pilar de ahorro voluntario, la Ley Nº 20.225 añadió el “pilar solidario” para los tres quintiles de menores ingresos. Gracias a esta reforma, hoy un millón 300 mil jubilados reciben del Estado una pensión básica para quien no tiene ahorros previsionales o un aporte para aumentar las pensiones más bajas.

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